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Nuestros informes jurídicos (opinión experta)
En este caso sobre licencias electorales, la entidad consultante cuestiona si exigir renuncia a autoridades electas para nuevos cargos es constitucional. El experto análisis determina que esto restringe desproporcionadamente los derechos políticos. Como innovadora solución, se recomienda impulsar reformas o litigios constitucionales para sustituir la renuncia por licencias sin goce de haber, preservando la participación política y resolviendo exitosamente el problema planteado.
Para este caso de retroactividad jurídica, el gremio consultante requiere identificar qué actos administrativos se salvan de fallos invalidatorios. Mediante un sofisticado escrutinio, el análisis determina que los derechos de terceros de buena fe constituyen una excepción ineludible. Para resolver esta compleja tensión, se recomienda activar precisos mecanismos defensivos que protejan las referidas situaciones consolidadas frente a futuras e inminentes ejecuciones judiciales arbitrarias.
En el caso sobre impedimentos de contratación estatal, la entidad pública consulta si exmiembros de sus tribunales pueden ser proveedores. El riguroso análisis demuestra que, al carecer de facultades directivas, la prohibición no opera automáticamente. Para solucionar el problema y mitigar riesgos, se recomienda implementar un procedimiento preventivo especializado que descarte fehacientemente conflictos de interés o ventajas informativas antes de autorizar cualquier vínculo.
Sobre el caso de afectación a competencias regulatorias, la entidad pública necesita evaluar un proyecto normativo gubernamental. El minucioso escrutinio advierte que el texto propuesto vulnera gravemente sus atribuciones institucionales exclusivas sobre servicios públicos. Para frenar este riesgo regulatorio, se concluye y recomienda argumentar la inconstitucionalidad de la medida, exigiendo su corrección estructural a fin de preservar la debida prestación a la ciudadanía.
Para el caso de ejecución de pólizas mineras, la empresa aseguradora enfrenta la indebida retención de garantías aplicando normas posteriores. El análisis experto confirma que esta maniobra vulnera la libertad contractual y la seguridad jurídica. Como solución estratégica ante este abuso, se recomienda interponer urgentemente una demanda de amparo y denunciar por la vía penal a los funcionarios responsables de esta arbitrariedad.
En este caso sobre defensa procesal institucional, la entidad estatal enfrenta una demanda constitucional laboral por suspensiones sindicales. El agudo análisis valida la estrategia de cuestionar la admisibilidad antes de debatir el fondo. Para ganar el litigio, se recomienda optimizar la defensa probando fehacientemente que los demandantes omitieron agotar los recursos administrativos previos, forzando así un certero y fulminante rechazo del amparo.
En el caso sobre extinción de dominio patrimonial, el consultante afronta investigaciones fiscales a pesar de tener un acuerdo de colaboración eficaz aprobado. El escrutinio detecta que la fiscalía ignora flagrantemente precedentes constitucionales sobre residualidad procesal y cosa juzgada. Para detener este abuso, se recomienda interponer inmediatas acciones constitucionales que anulen estas disposiciones arbitrarias, blindando los bienes ya evaluados por la justicia penal.
Sobre el caso de superposición territorial portuaria, la entidad promotora requiere resolver el choque entre concesiones mineras y un proyecto logístico nacional. El magistral test de proporcionalidad dictamina que el Estado puede restringir legítimamente tales derechos por interés público. Como solución definitiva y menos lesiva, se recomienda evitar expropiaciones inviables y promover negociaciones o arbitrajes para compensar económicamente a la empresa minera afectada.
Para este caso de sustracción infantil, el consultante impugna el archivo fiscal de su denuncia fundamentado en un inexistente doble juzgamiento. El profundo análisis jurídico revela que la autoridad abdicó de su rol, frustrando ilegalmente la obtención de pruebas y afectando al menor. Para revertir el daño, se recomienda continuar el litigio constitucional para anular el rechazo liminar y forzar una debida investigación.
En el caso sobre reembolsos interinstitucionales, la entidad reguladora intenta recuperar cuantiosos fondos perdidos en un arbitraje atribuible a otro ministerio. El impecable escrutinio jurídico destruye los aparentes obstáculos legales, demostrando que no existen impedimentos para demandar entre organismos del Estado. Como remedio patrimonial, se concluye y recomienda iniciar inmediatamente un arbitraje directo contra el ministerio infractor para exigir la restitución del dinero.
Respecto al caso de retención de penalidades contractuales, la entidad pública busca cobrar fondos incautados irregularmente por un ministerio aliado. El certero análisis concluye que esta inédita controversia pecuniaria intraestatal carece de verdaderos impedimentos para ser judicializada. Como mecanismo de rescate del erario público, se recomienda entablar un audaz arbitraje vinculando al ministerio como parte no signataria para asegurar la devolución económica reclamada.
Nuestros casos ganados y emblemáticos
CASACIÓN N° 2149 – 2022-LIMA SUR
Ganamos la casación demostrando que la sentencia de vista vulneró el debido proceso, pues no valoró pruebas relevantes ni analizó adecuadamente procesos judiciales conexos. Además, evidenciamos una motivación defectuosa en la valoración de la posesión y el incumplimiento de reglas vinculantes establecidas en plenos casatorios. La Corte Suprema anuló la sentencia de vista y ordenó emitir un nuevo pronunciamiento.
CASACIÓN N° 4946 – 2019-LIMA
La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema declaró fundado el recurso de Casación que interpusimos a favor de nuestro cliente Cotton Knit SAC y, consecuentemente, aceptó nuestro argumento de que el artículo 26 de la Ley del Impuesto a la Renta lesiona el derecho a probar. Y es que alegamos que cuando dicha norma exige la contabilidad del deudor, tal requerimiento vulnera la garantía del derecho a la prueba y la privacidad de los documentos contables.
EXPEDIENTE N.° 16619-2022-0-1817-JR-CO-03
La Primera Sala Civil Subespecialidad Comercial nos dio la razón en la defensa que planteamos a favor de nuestro cliente, en el sentido de que no podía requerírsele el pago de una suma de dinero que el laudo arbitral puesto a cobro, si bien había determinado, no obstante, no había ordenado expresamente el pago. Defendimos la tesis de que un laudo arbitral -al igual que una sentencia con la autoridad de cosa juzgada- solo es exigible en sus propios términos y que cualquier error en sus órdenes y mandatos no puede ser subsanado por el juez de ejecución.
EXPEDIENTE N.° 02765-2017-0-3398-JR-CI-01
Interpusimos recurso de casación contra la sentencia de vista expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra — Sede Ventanilla—, por haber omitido realizar una valoración en conjunto de los medios de probatorios ofrecidos, en el marco de un proceso de prescripción adquisitiva o usucapión. De igual forma, le solicitamos a los Jueces Supremos que superen los defectos de motivación en los que ha incurrido la referida resolución cuestionada, al confundir el animus domini y la continuidad de la posesión.
EXPEDIENTE N.° 00143-2026-0-1801-JR-DC-11
Interpusimos demanda de amparo contra la Sentencia de Vista expedida por la Cuarta Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, por haber declarado la nulidad del título de propiedad de nuestro cliente a pesar de que la controversia se circunscribió únicamente en la validez de un acto administrativo. Así, sostuvimos que este pronunciamiento extra-petitum quiebra la garantía del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.
EXPEDIENTE N.° 49459-2022-AREQUIPA
Logramos que la Corte Suprema proteja los derechos de nuestro cliente, Interbank, frente a un uso abusivo de procesos judiciales. Demostramos que no se puede usar el amparo para reclamar temas que requieren pruebas complejas ya rechazadas anteriormente. Así, la justicia confirmó que se vulneró el debido proceso y el derecho de defensa del Banco.
EXPEDIENTE N.° 00403-2024-LA LIBERTAD
Ganamos en doble instancia un proceso de amparo contra resolución judicial, al demostrar que la confiscación de un predio dispuesta en un proceso de extinción de dominio se sustentó en decisiones arbitrarias e inconstitucionales que vulneraron el derecho de propiedad y la debida motivación, al no respetar las garantías del debido proceso ni justificar adecuadamente la afectación del bien.
EXPEDIENTE N° 00097-2023-78-1801-JR-DC-10
Ganamos el proceso al demostrar que el juez ignoró arbitrariamente que el delito base ya había sido archivado, omitiendo pronunciarse sobre un elemento determinante que vaciaba de contenido la imputación por lavado de activos. Tras reconducirse el hábeas corpus a un proceso de amparo, en primera instancia se declaró fundado nuestro planteamiento, anulando la resolución cuestionada; y, en segunda instancia, la Corte Suprema confirmó la decisión, ordenando la emisión de un nuevo pronunciamiento debidamente motivado.
EXPEDIENTE N.° 00551-2023-LIMA
Logramos la anulación de todo un procedimiento administrativo sancionador, al demostrar que la entidad vulneró el debido procedimiento al notificar diversos actos administrativos en un domicilio incorrecto, pese a contar con información suficiente sobre la dirección real del administrado. En primera instancia se declaró fundado nuestro planteamiento y, en segunda, se confirmó la decisión, ordenándose la reposición del procedimiento desde el momento de la notificación defectuosa, garantizando así el derecho de defensa y la validez del trámite administrativo.
Reconocimientos
«Luciano López Flores, Ranking de los mejores abogados del Perú 2023, 2024 y 2025 según la publicación “Best Lawyers”, en el ámbito de Amparos, Derecho Administrativo y Público»
Diario Gestión, 2023, 2024, 2025
